La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 16 de enero (núm. 22/2020), discierne sobre los requisitos para declarar la responsabilidad solidaria de los administradores por las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, en relación con la institución de la fianza y el momento en que se entiende producido el nacimiento del crédito del fiador, en quien concurren las cualidades de demandante y acreedor societario.

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Las sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 5 y 14 de noviembre de 2019 (núms. 580/2019 y 612/2019, respectivamente), abordan los requisitos que deben valorarse en torno al ejercicio de la acción individual de responsabilidad contra los administradores sociales, regulados por el artículo 241 de la Ley de Sociedades de Capital.

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La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 20 de mayo de 2019 (núm. 642/2019), se enfrenta con la discutida cuestión acerca de la posible aplicación del artículo 197.5 de la Ley de Sociedades de Capital a las sociedades limitadas. Además, se pronuncia sobre el carácter esencial de la información solicitada durante la celebración de la Junta General por el socio demandante, poniendo en relación los artículos 196, 197 y 204.3 LSC.

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La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12 de julio de 2019 (núm. 366/2019), se pronuncia, de una parte, sobre la necesidad de que la Junta General acuerde la distribución de dividendos como presupuesto previo para que los titulares de acciones sin voto puedan cobrar su dividendo preferente; y, de otra, sobre la interpretación que haya de darse a una cláusula estatutaria que restringe el carácter retribuido del cargo de administrador a aquellos miembros del consejo de administración que tengan la consideración de “profesionales e independientes”.

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La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 11 de diciembre de 2019 (núm. 656/2019), analiza el momento en que se entiende que ha nacido el crédito a favor de la Administración Pública, consistente en el importe al que asciende la ejecución subsidiaria de la demolición de un edificio propiedad de la sociedad concursada.

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 6 de noviembre de 2019 (núm. 1.990/2019), se pronuncia sobre la legitimidad de un acuerdo de aumento de capital social, que se adopta en el seno de una sociedad limitada, ciertamente patrimonializada, pues cuenta con reservas significativas y con un pasivo que está representado fundamentalmente por deudas a favor de los propios socios.

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de noviembre de 2019 (publicada en el BOE de 27 de diciembre) aborda las diferencias entre el cierre registral por falta de depósito de las cuentas anuales y el cierre por baja provisional en el Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Civil, de 8 de noviembre de 2019 (núm. 43/2019), declara la nulidad de un Laudo arbitral por haber infringido el orden público, al no estimar el árbitro la suspensión del procedimiento arbitral por prejudicialidad penal. Y lo hace sobre la base del artículo 41.1, apartado f), de la Ley de Arbitraje, que contempla, como posible causa de nulidad del Laudo arbitral, que este sea contrario al orden público.

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 21 de noviembre de 2019 (publicada en el BOE de 24 de diciembre) analiza la posibilidad de inscribir un acuerdo, adoptado por unanimidad, de reducción de capital social con restitución de aportaciones, sobre la base de la escritura pública otorgada ante Notario por los dos únicos socios de la entidad, sin la comparecencia del administrador único.

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de noviembre de 2019 (publicada en el BOE de 27 de noviembre de 2019) analiza si son inscribibles en el Registro Mercantil los acuerdos de disolución y nombramiento de liquidadores adoptados por la Junta General de un sociedad anónima que se encuentra cumpliendo un convenio de acreedores adoptado durante un procedimiento de quiebra iniciado diez años antes.

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