La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 2ª, de 30 de diciembre de 2021 (recurso núm. 345/2021), se pronuncia sobre la tácita reconducción de un contrato de arrendamiento de local de negocio y acerca de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a dicho contrato, que se vio afectado por el cierre decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 28 de julio de 2021 (núm. 587/2021), analiza la legalidad de un contrato de franquicia en el que se habría producido una imposición por la sociedad franquiciadora de los precios de venta al público por la franquiciada, lo que infringiría ciertas reglas del Derecho comunitario sobre determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 20 de julio de 2021 (núm. 555/2021), analiza la improcedencia de la prescripción de una acción de reclamación de cantidad derivada de un contrato de préstamo que se concedió entre particulares, sin fijar un plazo determinado de devolución, pactándose que esta se produciría “cuando lo requieran los prestamistas”.

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 13 de diciembre de 2021 (núm. 862/2021), analiza cuándo el legatario de participaciones sociales adquiere la condición de socio y, por ende, en qué momento puede ejercitar los derechos inherentes a tal condición.

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 5 de octubre de 2021 (núm. 670/2021), analiza si ha existido vulneración del derecho de información de los socios en relación con los acuerdos adoptados durante la celebración de una junta general de una sociedad anónima.

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El Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, a través del Acuerdo número 9/2021, de 22 de noviembre de 2021, se pronuncia acerca de la tramitación de los concursos en los que no existe masa activa (o la que existe es a todas luces insuficiente) con la que satisfacer el pasivo que afronta el deudor. Con este acuerdo se pretende, además, que los deudores personas naturales puedan acceder al beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) de manera rápida y ágil, posibilidad que, en la actualidad, se ve mermada por varios motivos. De una parte, por el incremento de trabajo que ya existe y el que se espera se produzca en los juzgados mercantiles una vez que finalice la moratoria concursal. Y, de otra, por el hecho de que el deudor posea bienes cuya realización no permitiría cubrir otros créditos distintos del garantizado con hipoteca (su vivienda habitual).

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La Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), de 18 de octubre de 2021 (número de recurso 5385/2020), analiza un supuesto de responsabilidad subsidiaria del artículo 43.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), del representante persona física de la sociedad administradora de otra deudora principal, cuando esta última haya cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas que se encuentren pendientes de pago en el momento del cese, siempre que ese representante persona física no hubiese hecho lo necesario para su pago o hubiese adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 27 de julio de 2021 (núm. 1608/2021), analiza una acción de reclamación de cantidad derivada del incumplimiento de un contrato de suministro de materiales por parte de una sociedad limitada.

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La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 16 de noviembre de 2021 (publicada en el B.O.E. núm. 289, de 3 de diciembre), aborda, de una parte, los efectos que las reformas operadas en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), tienen sobre las cláusulas estatutarias ya inscritas en el momento en el que aquellas entran en vigor y, de otra, la retribución de los administradores.

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La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 4 de octubre de 2021 (publicada en el B.O.E. núm. 263 de 2021), analiza un supuesto peculiar de falta de coordinación entre las normas de liquidación concursal (del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal -TRLC-) y las de liquidación societaria (del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital -LSC-).

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