La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 de diciembre de 2020 (núm. 662/2020), ofrece un interesante análisis sobre la naturaleza jurídica, la disciplina aplicable y el régimen de la responsabilidad por deudas en las comunidades de bienes que desarrollan una actividad mercantil.
Las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 29 de mayo de 2020 (núm. 213/2020 y núm. 214/2020) abordan la naturaleza de la responsabilidad de los afectados por la calificación culpable del concurso de acreedores y el concepto de «déficit concursal», el cual se recogía, sin una definición expresa, en la antigua Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 4 de junio de 2020 (publicada en el BOE de 30 de julio de 2020) analiza la legalidad de una cláusula estatutaria que regula la retribución de los miembros del Consejo de Administración de una sociedad anónima.
El auto de la Audiencia Provincial de Córdoba (Sección 1ª), de 27 de enero de 2020 (núm. 35/2020), analiza, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 57.3 de la Ley Concursal (actualmente el artículo 149.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal) si es posible la ejecución hipotecaria separada una vez abierta la fase de liquidación.
El Auto del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 2ª), de 6 de octubre de 2020, analiza la solicitud por la Administración Concursal de la exención de la obligación legal de formulación, sometimiento a aprobación y depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de la sociedad concursada, sin actividad y en fase de liquidación hasta la conclusión del concurso.
Las Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 19 de octubre de 2020 (publicadas en el BOE de 4 de noviembre de 2020) analizan si es posible el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de una sociedad relativas al ejercicio 2019 encontrándose la hoja de la sociedad cerrada temporalmente por falta de depósito de las correspondientes al ejercicio 2018, al alegar la sociedad que no tenía que presentar estas últimas cuentas debido a que sus operaciones no se iniciaron hasta el año siguiente, esto es, 2019, mismo año en el que obtuvo la inscripción en el Registro Mercantil.
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de marzo de 2020 (publicada en el BOE de 6 de julio) analiza la validez de un acuerdo de ampliación de capital de naturaleza mixta, realizado por compensación de créditos y por aportaciones dinerarias.
La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 4 de febrero de 2020 (núm. 70/2020), analiza los requisitos para que la administración concursal pueda proceder al pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de la masa activa del concurso así como la naturaleza de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a ciertos salarios generados por trabajos imprescindibles para la liquidación de dicha masa.
La sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 21 de mayo de 2020 (núm. 191/2020), analiza el alcance y los límites de la intervención de los acreedores y terceros con interés legítimo en la sección de calificación del concurso de acreedores. En concreto, aborda la posibilidad de que los acreedores interpongan recurso de apelación cuando el Juzgado de lo Mercantil que conoce del concurso ha desestimado las pretensiones de la administración concursal o del Ministerio Fiscal.
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 12 de febrero de 2020 (publicada en el BOE de 24 de junio de 2020) analiza si es inscribible en el Registro Mercantil una cláusula estatutaria que contempla la posibilidad de que la junta general de una sociedad de capital pueda ser convocada por uno sólo de los administradores mancomunados, en caso de ser dos los que conformen el órgano de administración.