INFLUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA EN EL PLAZO DE CADUCIDAD PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DE LA LEY DE SECTOR ELÉCTRICO.

Durante la vigencia del estado de alarma se han ido publicando una serie de normas para la implementación de medidas temporales de carácter extraordinario, algunas de las cuales afectan directamente al plazo de caducidad de los derechos de acceso y conexión a los que se refiere la disposición transitoria octava de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico («LSE»).

REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19.

Entre otras, contiene medidas en materia de arrendamiento de vivienda, cambios en la moratoria hipotecaria, moratorias en materia de Seguridad Social para autónomos y un largo elenco de disposiciones merecedoras de atención.

REAL DECRETO-LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS NO ESENCIALES.

Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y la adopción por el Gobierno de diversos instrumentos normativos con incidencia directa en el ámbito laboral, en especial los Reales Decretos-ley 8/2020 y 9/2020, se da un paso más en la limitación de la movilidad de las personas y, con carácter temporal y excepcional, se impone una medida más con la intención de reducir las posibilidades de contagio mediante una mayor restricción de la actividad laboral presencial.

IMPORTANTES NOVEDADES EN MATERIA LABORAL INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 9/2020, DE 27 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, EN EL ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR LOS EFECTOS DERIVADOS DEL COVID-19.

Tras la declaración del estado de alarma en España por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo con medidas extraordinarias, entre otros, en el ámbito laboral, se ha generado un gran volumen de ERTE por causa de fuerza mayor y una convulsión de tal calibre en el empleo y en las prestaciones a las que va a tener que atender el sistema público, que el Consejo de Ministros ha aprobado esta nueva norma complementaria que, entre otros extremos, pretende atender a una situación transitoria excepcional para preservar el mayor número de empleos en el futuro.